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Ministerio de Justicia

         Departamento ministerial encargado de las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal. El desarrollo del ordenamiento jurídico, velando por los principios de seguridad jurídica, armonía e integración del ordenamiento jurídico, mediante la promoción de la legislación codificada (en forma de códigos) y la formación de cuerpos legales sistematizados. La armonización de los anteproyectos de ley elaborados por los distintos Ministerios y la preparación de informes acerca de los mismos. La promoción legislativa en materia penal, civil, mercantil y procesal.

             La dotación a los Juzgados, Tribunales y al Ministerio Fiscal de los medios precisos para el desempeño de sus funciones, y el ejercicio de competencias sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. El desempeño de la función de asistencia jurídica del Estado y sus Organismos públicos, así como, en su caso, los Órganos Constitucionales. 

            La ordenación de los registros jurídicos. La comunicación entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. La cooperación jurídica internacional con otros Estados y Organizaciones internacionales.

 

 

 

 

 
 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

          Departamento ministerial encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

         Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública y de reforma y organización de la Administración General del Estado, así como las relaciones con las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.

Se puede denominar hacienda pública:

  • La rama del conocimiento económico que tiene por objeto el estudio del sector público o economía pública, que comprende la intervención que la autoridad pública efectúa en una economía de mercado, fundamentalmente a través de los ingresos y gastos públicos.
  • La administración fiscal o fisco al conjunto de órganos de la administración de un Estado encargados de hacer llegar los recursos económicos a las arcas del mismo, así como a los instrumentos con los que dicho Estado gestiona y recauda los tributos, englobando tanto los ingresos como los gastos, lo cual supone tanto la planificación de los tributos y demás ingresos del estado (precios públicos, loterías, sanciones, etc...), como la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el órgano correspondiente (Congreso, Parlamento y otro). La hacienda pública depende normalmente del Ministerio de Economía y hacienda. 
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

         Departamento ministerial encargado de la gestión de las políticas atribuidas a la Administración General del Estado en materia de empleo y de Seguridad Social, así como el desarrollo de la política en materia de extranjería, inmigración y emigración.

          La seguridad social, a veces también llamado seguro social o previsión social, se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, pobreza, vejez, discapacidades, vivienda, desempleo, familias con niños, familias numerosas, familias en situación de riesgo, y otras.

            En el Boletín Oficial del Estado del día 11 de febrero de 2012, se ha llevado a cabo la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

           Una pensión (o seguro o subsidio), en relación con el seguro social o a la seguridad social, es un pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, establecida por ley en cada país, que la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de previsión nacionales o de entidades privadas.

            Por lo regular la base de trabajadores en activo es la que da sustento al pago de dichas pensiones.

           


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